La Ejecución de los Contratos Comerciales y los efectos del Covid-19 en Honduras.


Mayo 1 de 2020

La Ejecución de los Contratos Comerciales y los efectos del Covid-19 en Honduras.

Diversas discusiones e inquietudes se generan en los círculos de negocios y empresariales respecto al comportamiento que deben asumir los contratantes en la ejecución de las obligaciones suscritas mediante contratos de cara a los efectos que están ocurriendo en Honduras, a raíz de la Pandemia generada por la propagación universal del llamado Coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19.- Tanto deudor y acreedor en las obligacionales contractuales, se están preguntando, dado el cierre de sus operaciones comerciales por razón de un acto gubernamental y ante la falta de liquidez o flujo de caja, cual deberá ser la posición o postura que de acuerdo a la Ley deben asumir.
Sin duda que al ordenar el Gobierno de la República el cierre de los negocios incluyendo los centros comerciales como una medida específica para que las personas no puedan concurrir a las calles, y así establecer cercos epidemiológicos dentro de la Emergencia Sanitaria, ello trae para el comerciante (social o individual) la consecuencia lógica de no poder ejercer la actividad de comercio y no recibir el efectivo o dinero para cumplir sus obligaciones pactadas.- Lo anterior vale para contratos de arrendamiento de locales comerciales, relaciones con proveedores, relaciones laborales, obligaciones bancarias, para citar unos casos.
A. En este análisis hay que establecer en primer lugar, que en materia de contratos rige el Principio de la Pacta Sunt Servanda, que es aquel enunciado que establece que el contrato es ley entre las partes y por lo tanto, lo que en él se ha pactado debe ser cumplido a cabalidad.- Este principio rector en materia contractual es recogido por el Articulo 1546 del Código Civil el cual es de estricto cumplimiento.- En segundo lugar, hay que establecer que la ley nacional establece el dogma que el cumplimiento de los contratos no debe dejarse al arbitrio de unos de los contratantes, recogido en el artículo 1548 del Código Civil, lo que imprime un matiz de equilibrio y no arbitrariedad en la vida contractual, que debe ser respetado por ambos contratantes, acreedor y deudor.
En consecuencia, los contratos deben cumplirse.- Las partes deben cumplir o ejecutar las obligaciones a las que se han obligado, de lo contrario podrían ser compelidos al pago de los daños y perjuicios si incumplen ya sea por dolo, negligencia, morosidad o contravienen o quebrantan una obligación.
B. Hasta donde los acontecimientos extraordinarios e imprevistos ocurridos podrían servir a las partes, en este caso al deudor, como justificante para incumplir sus obligaciones, argumentando lo que se denomina un caso de fuerza mayor o caso fortuito.- No hay duda que lo ocurrido en la vida nacional, especialmente el acto del gobierno consistente en la emisión del Decreto Ejecutivo No. PCM 021-2020 donde el Poder Ejecutivo establece la Prohibición Especifica del no “funcionamiento de los negocios incluyendo centros comerciales" en el marco de la suspensión de garantías constitucionales, en este caso el derecho de locomoción en el territorio nacional, es un acto extraordinario, imprevisible e irresistible, ajeno a la voluntad de cada comerciante. Ahora bien, es requerido decir que nuestra legislación no establece la fuerza mayor o el caso fortuito como causal de extinción de las obligaciones, por lo que esta situación no extingue obligaciones contractuales.- Lo que nuestra legislación establece es que el deudor “no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado la cosa debida, si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa”, según el artículo 1363 párrafo segundo del Código Civil.- Es tema ya discutido que nuestra legislación civil adopta como sinónimos el caso fortuito y la fuerza mayor.
C. En consecuencia, el análisis de la fuerza mayor o caso fortuito se realiza bajo un tema de exención del cumplimiento por parte del deudor de su obligación, pero hay que recordar dos elementos importantes para que esto proceda:
1. Que se trate de obligaciones de dar cosa determinada o bien no fungible; y,
2. Que el deudor no se haya constituido en mora.
El artículo 1460 del Código Civil en relación manda que “Quedara extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada cuando esta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse este constituido en mora” Siendo que las obligaciones en los contratos de arrendamiento, bancarios u otros contratos mercantiles son liquidables en dinero, no se trata entonces de la entrega de una cosa determinada o no fungible, sino que el pago de cantidad de dinero se trata de una obligación de dar algo genérico o indeterminado, o sea que lo que el deudor debe es un bien fungible, es sustituible por otro bien de la misma calidad, y recordar la máxima jurídica que dice que la perdida de la cosa genérica no exime el cumplimiento.- Por otro lado, es obvio que los deudores no han sido constituidos en mora porque no hay acciones judiciales establecidas por estar los tribunales cerrados, pero esto no tiene importancia en el análisis, por ahora.
D. Por tanto, los deudores o comerciantes no se encuentran justificados para oponer lo referido a la Pandemia, el “Toque de Queda” o suspensión de garantías constitucionales en el territorio nacional, o la falta de liquidez por el cierre de su negocio, como motivo de fuerza mayor o caso fortuito para justificar el incumplimiento de sus obligaciones.- A lo sumo podrán alegar y eso es lo que conviene, el solicitar una mora o espera en el cumplimiento de su obligación por la lógica situación.- Para el caso, en el cumplimiento de las obligaciones bancarias o crediticias, el Gobierno de la República por conducto del organismo supervisor (Comisión Nacional de Bancos y Seguros) ha establecido un mecanismo temporal de alivio a favor de las personas naturales o jurídicas para atender el impacto económico que ha provocado esta situación, permitiendo periodos de gracia, plazos de pago diferido, no pago de intereses moratorios, no daño a la calidad crediticia por la mora, entre otros, pero no la condonación de las deudas.- Los comerciantes deberán comunicar su situación a su acreedor y plantear las posibles soluciones conciliatorias que resuelvan el cumplir su obligación.
E. Otra salida que podría analizarse dependiendo de cada caso, es el alegar la Cláusula Rebus Sic Stantibus, que es una clausula equitativa incorporada en los contratos por nuestra legislación mercantil conforme al artículo 757 del Código de Comercio, en virtud de la cual la parte afectada en un contrato de ejecución continua, periódica, o de tracto sucesivo, ante la ocurrencia de acontecimientos extraordinarios e imprevistos le resulta excesivamente oneroso su cumplimiento, en donde podrá solicitar al Juez la resolución del contrato o la otra parte, podrá proponer una modificación equitativa al contrato, lo que implica una posible renegociación de los términos del contrato, en especial cobre aquellas cláusulas que hoy le resultan gravosas.
F. Se impone hoy en día más que nunca, que los afectados por esta situación extraordinaria en el país busquen la asesoría legal adecuada, y en especial como abogados recomendar no buscar los juzgados ya que los pleitos judiciales no será lo mejor, sino tratar de buscar soluciones negociadas en donde la Conciliación y la Transacción se impondrán como métodos alternos de solución de conflictos, porque hoy impera más que nunca el adagio aquel de “mejor un mal arreglo que un buen pleito”, pues ya conocemos los factores que intervienen en una justicia dilatada, no proba, con la que se acusa a la hondureña.- Los comerciantes deberán ahora en adelante, considerar la posibilidad de someter la solución de sus conflictos al Arbitraje como un mecanismo de solución de controversia alterno, moderno, ágil, económico y confidencial que ofrece nuestra Ley de Conciliación y Arbitraje, permitiendo este mecanismo aun, la posibilidad de auto componer o decidir por nosotros mismos hasta un procedimiento expedito y normas procesales ágiles en la redacción de la Cláusula Arbitral que Ud. podrá decidir con su contraparte, con la asesoría de un abogado experto.

Abogado Antonio Isaac Martínez Dubon

Especialista en Derecho Mercantil Y Arbitraje Comercial.

Abril 20, 2020

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